La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande y la Cámara Empresaria Fueguina del Autotransporte de Cargas (CEFAC) mantuvieron este miércoles un encuentro para expresar su preocupación y evaluar acciones luego de que la ciudad santacruceña de Río Gallegos anunciara la aplicación, a partir del 1 de marzo, de un impuesto peaje al transporte que se dirige a Tierra del Fuego en un monto que supera los 3 mil pesos por camión.

La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante de Río Gallegos y avalada por el intendente kirchnerista, Pablo Grasso.

En el encuentro estuvieron presente, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Marilina Henninger, el secretario Eduardo Clement, el prosecretario Gustavo Poleri y Daniel Torrecillas vocal suplente. En tanto, por los transportistas estuvo el presidente de CEFAC, Darío Loreto y el tesorero Roberto Fraser.

Tras la reunión, Henninger manifestó que “estamos muy preocupados por esta ordenanza que se sancionó en la ciudad de Río Gallegos y que implica un peaje en el que los fueguinos nos veremos afectados y por ello como Cámara de Comercio, junto con miembros de nuestra comisión hemos armado esta reunión con la Cámara del Transporte de Tierra del Fuego para expresar nuestra preocupación, nuestro rechazo y empezar a delinear algún tipo de acción en conjunto para que este tipo de peaje, que entraría en vigor el 1 de marzo, no sea aplicado”.

 “Lo que nos ocupa en este momento es evaluar todas las posibilidades; en principio mantener contacto con nuestros representantes provinciales y municipales para ver si tanto desde la provincia como de la municipalidad se toma algún tipo de acción”, dijo.

Por su parte, Loreto adelantó que “con la Cámara de Comercio vamos a tratar de aunar fuerzas entre las partes y convocar a otros sectores de la sociedad para hacer una presentación ante la justicia para ver si podemos frenar esto”.

Recordó que “ya hubo casos anteriores en que se recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que falló contra este tipo de tributos y peajes que atentan contra la libre circulación dentro del país; ayer el Doctor Ernesto Löffler fue muy claro al fundamentar la inconstitucionalidad, fundamentos que nos serán de mucha ayuda a la hora de accionar en la Justicia Federal, ante la arbitrariedad de la ordenanza sancionada en Río Gallegos”.

Por otra parte, el transportista anotó que "en el caso del transporte industrial, ha caído muchísimo en los últimos años, pero la realidad es que acá siguen viviendo miles de fueguinos y sigue creciendo la población a la que abastecemos en un 99 por ciento en alimentos y otros insumos”. 

“Con esta medida de los santacruceños, ese transporte esencial se verá afectado por esta ordenanza municipal aplicada sobre un paso obligado, ya que no tenemos otra vía. En este momento estamos pagando el 47 por ciento solamente en impuestos, sin mencionar los salarios y las cargas previsionales, los insumos, el combustible, repuestos y muchas cosas más que hacen que hoy seamos socios del Estado” observó.

El documento que rechaza el impuestazo a los fueguinos

Tras el encuentro, los representantes firmaron un documento en el que se rechaza la ordenanza 2419, votada en diciembre por el Concejo Deliberante de Río Gallegos, que "intenta establecer un derecho por tránsito interprovincial o peaje para todos los transportes de mercadería que pasen por la ruta nacional, en su trazado urbano, a partir del 1 de marzo de 2020".

"Dada la condición insular de Tierra del Fuego, el 90% de la mercadería que cubre las necesidades de alimentación, abrigo y salud, entran  por esta vía y, obligatoriamente, por la ciudad de Río Gallegos.  Es por ello, que los fueguinos serían los principales afectados y se encarecerán todos sus consumos como así también lo exportado por la industria. Alertados de la seriedad de esta situación, ambas cámaras, nos vemos en la obligación de evaluar alternativas jurídicas  que amparen los intereses de todos los fueguinos", indica el documento.