La situación se desató este lunes en Río Grande, cuando cerca de 300 empleados quedaron impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo intervino de oficio, ordenó retrotraer las medidas y convocó a la empresa y al gremio a una audiencia para este martes.
El intendente de Ushuaia expresó su solidaridad con las familias de los cerca de 300 trabajadores afectados en Río Grande. Afirmó que la situación no es un hecho aislado y vinculó la crisis industrial con la apertura de importaciones y la reducción de aranceles.
La medida alcanza a los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. Las emergencias continuarán siendo atendidas independientemente de la situación migratoria.