El Gobierno invirtió más de 1.600 millones de pesos en la compra de tierras urbanizadas, que va a permitir la construcción de más de 1200 viviendas, a través de los convenios alcanzados oportunamente con la Nación, según anunció la presidenta del Instituto Provincia de la Vivienda (IPV), Leticia Hernández. 

La funcionaria destacó que la construcción de más de 5 mil viviendas -que es el total de construcciones previstas en los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional- constituye un hecho histórico y a su vez permitirá una normalización del mercado inmobiliario que afecta directamente a quienes deben pagar un alquiler.

La adquisición de estas tierras urbanizadas en Río Grande, demandó una inversión de más de 1.600 millones de pesos, lo que "constituye un gran esfuerzo por parte del IPV y del Gobierno provincial", recalcó la titular del organismo.

La funcionaria puso de relieve la fuerte decisión política por parte del Gobernador Gustavo Melella en la solución a un problema histórico, agravado en un contexto inflacionario, que padecen miles de habitantes. En ese marco, "el IPV adquiere hoy un rol protagónico, se ha vuelto a poner de pie, de cara a la sociedad para dar respuesta a una necesidad real y concreta que hoy tienen miles de familias", manifestó.

A su vez, Hernández se refirió al problema puntual de falta de tierra urbanizada, es decir que cuente con servicios de luz, gas y cloacas. “Una gestión decididamente comprometida a dar solución al déficit habitacional permitió alcanzar acuerdos y convenios con la Nación para la construcción de 5 mil viviendas. Estamos hablando de un hecho histórico para la provincia. Pero esas viviendas debemos construirla sobre tierra urbanizada, que cuente con todos los servicios”.

Enfatizó que “este procedimiento, que quizás algún pícaro pretende ensuciar, está dentro de lo estipulado por ley y lo venimos llevando adelante desde hace más de un año y medio”.

“Hemos buscado las mejores tierras de la ciudad de Río Grande y también de Ushuaia, donde todavía no pudimos concretar ninguna operatoria porque es aún más compleja la falta de tierra urbanizada”, sostuvo.

En cuanto a Río Grande, explicó que desde el organismo se mantuvo contactos con la mayoría de las empresas urbanizadoras e inmobiliarias, realizando consultas y sondeos en torno a la disponibilidad de suelo urbano. “Hicimos un primer llamado que fracasó porque el valor del mercado no es el valor que establecen los urbanizadores”, recordó.

En lo concerniente a la celeridad de la compra de lotes en esta ciudad, Hernández lo relacionó con “la necesidad de poder cumplimentar todos los requisitos y documentos que exige la Nación para llevar adelante esta urbanización, que como dije es histórica para nuestra provincia”.

En tal sentido, la arquitecta insistió en que este ambicioso plan “no solamente va a significar un impulso para las economías locales, con creación de mano de obra y actividad en los corralones, sino que fundamentalmente va a dar a respuesta a 5 mil familias que hoy no tienen un techo propio”.

“En un contexto de demanda cada vez más sostenida de viviendas, en el marco de un proceso inflacionario como el que vivimos, son miles las familias que padecen este verdadero drama. Y el Estado no puede permanecer brazos cruzados.  –puntualizó-. Por eso el Gobierno ha tomado la decisión política de intervenir decididamente, brindando respuestas a esas necesidades y tratando de equilibrar un mercado inmobiliario que maneja valores impensados, sobre todo en alquileres. Valores que en muchos casos resultan imposibles de afrontar por parte de miles de fueguinos y fueguinas”.

“Para quienes hoy cuestionan ´el apuro´ y los mecanismos implementados para la adquisición de tierra les decimos que hace dos años venimos diciendo lo complejo de esta situación. Y les decimos también, que el Estado no va a permanecer ajeno a esta necesidad que demandan miles de familias de Tierra del Fuego”, concluyó.