El gobierno italiano comenzó a eliminar  la "renta de ciudadanía", un plan social de 780 euros que alcanza a los desempleados de ese país. 

"Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía. Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra", planteó esta semana en declaraciones a la prensa la ministra de Trabajo, Marina Calderone, vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, que provocó una fuerte reacción por el fondo y por las formas de la decisión.

A fines del mes pasado, el Gobierno que encabeza Giorgia Meloni comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene, como había prometido la premier en la campaña electoral que la llevó al Ejecutivo en 2022.

Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana, el INPS, 895.000 familias recibieron la renta básica en junio.

El principal argumento del Gobierno es que las personas consideradas "ocupables", entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta.

Los datos oficiales, de todos modos, muestran que, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%.

"Cabe recordar que frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% son difíciles de encontrar", buscó argumentar Calderone en esa decisión.

Hernán Reyes Alcaide, corresponsal Télam