La Cámara de Diputados avanzó ayer en los proyectos acercan del Régimen Penal Juvenil, donde paralelamente está en debate el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece que las penas no podrán superar los 20 años.
La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y que se volverá a reunir el próximo martes.
De la discusión, el diputado Álvaro Martínez (LLA) explicó que mediante su proyecto “se protege a la sociedad de actos delictivos graves, garantizando a los individuos que todo aquel que rompa la ley va a tener algún tipo de sanción”.
“Sabemos que es necesaria una intervención temprana del Estado para garantizar oportunidades de reinserción y para disminuir la reincidencia”, dijo. “El fin de nuestro proyecto no es netamente punitivista, sino que tiene otra serie de medidas que el juez puede llegar a aplicar, siempre teniendo en cuenta que tenemos que preservar los derechos de los ciudadanos”, agregó.
El texto de Martínez propone que sea de 12 años la edad de imputabilidad, como es el caso de Brasil y México, entre otros países de la región.
Por su parte, Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) explicó que su proyecto busca “tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables”. “Una vez que una persona ha tomado el camino del delito, debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor. Mirar para el costado es una hipocresía”, manifestó.
La diputada Ana Carla Carrizo (UCR) se refirió al proyecto de su autoría, que acompañan nueve diputados de su bloque. El texto toma un piso de 14 años para la edad de imputabilidad: “De 14 en adelante sí, menos de 14 no, esa es la primera gran diferencia con el gobierno”.
“Esta es una ley que tiene que trascender a los gobiernos y durar. Creemos que el proyecto del oficialismo no es el mejor proyecto por el sistema que propone”, argumentó Carrizo. “¿Cuál es la gama de medidas a adoptar? ―se preguntó Carrizo― Ese es un universo de discusión, la privación de libertad es el último recurso”.
En tanto, la diputada Natalia Zaracho (UxP) dijo que “no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos”. “Nosotros tenemos una propuesta integral que tiene que ver con la prevención, con la no reincidencia. Nosotros sostenemos que la edad tiene que quedar en 16 años”, argumentó.
“La baja de la edad no garantiza que haya una política de seguridad, menos del 1% de los crímenes graves son hechos por menores”, ejemplificó.
El diputado Manuel Aguirre (UCR) habló de “la crisis de la cedula básica que es la familia”. “Presenté este proyecto porque mi intención es recuperar al ser humano, aquellos chicos o no tan chicos de la conducta desviada que tienen”, explicó.
“Tenemos que analizar la madurez mental de los chicos, si tenían la capacidad de entender lo que estaba haciendo. Pongo 14 años de edad como mínimo, aunque me parece que la edad es un estado socio-cultural, porque creo que hay que poner un límite”, añadió.
