La jueza federal Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación realizada en 2012. La medida busca avanzar en el cumplimiento de la condena por USD 16.100 millones, dictada tras una larga batalla legal.
Sin embargo, el Gobierno argentino ya anunció que apelará la decisión y aseguró que no entregará las acciones, consideradas estratégicas para la soberanía energética del país. Además, recordaron que cualquier cesión de ese paquete accionario requiere, por ley, la aprobación del Congreso de la Nación.
La noticia generó una fuerte repercusión en los mercados, con impacto negativo en la cotización de YPF, y provocó preocupación entre trabajadores y familias ligadas a la empresa. “Las acciones de YPF son del pueblo”, es la frase que se repite entre quienes ven con temor el futuro de una compañía que consideran parte fundamental de la historia nacional.
El proceso judicial sigue su curso en Estados Unidos, mientras en Argentina crece el debate sobre las implicancias políticas y económicas del fallo.
