La crisis habitacional continúa golpeando a toda la Provincia, en especial en Ushuaia donde hay más de 4 mil inscriptos que esperan cumplir el sueño de la casa propia. La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Laura Montes, explicó esta mañana en FM Master, que ante la problemática desde el organismo se analiza la posibilidad de entregar tierras con servicios, sumando al proyecto de "alquileres sociales", en donde las personas con más vulnerabilidad social o familias puedan ingresar a un módulo habitacional pagando a un precio menor del mercado.
En la emisora, la funcionaria aseguró que "desde el Gobierno Nacional vamos a recibir financiamiento, de hecho, hay un convenio firmado", sin embargo, el organismo va más allá "generando proyecciones, programaciones, dentro de nuestra área técnica y generando nuevas opciones para entregar viviendas".
"Históricamente ha habido créditos, ha habido entrega de vivienda llave en mano y entrega o regularización de lotes o entrega de lotes con servicio. Hoy nuestra oferta va a ser en la entrega de lotes con servicio, hasta tanto podamos obtener algún otro tipo de financiamiento que no sea el nacional", anunció.
Montes dijo que esa operación puede ser llevada adelante con el sector privado. "La opción número uno es la entrega de lotes con servicio. Pretendemos hacerlo con aquella gente que tiene el lote y a mediano plazo o más adelante entregar créditos como siempre lo hacíamos, porque hace cuatro años aproximadamente no se entregan créditos, pero era una práctica habitual del IPV".
En ese marco, se analizan encarar "obras por administración y lo público-privado". "Puede que iniciemos con algún proyecto mínimo, chico, como para poder ver cómo sería la ejecución de todo esto, cómo sería el fideicomiso, cómo sería la intervención. Para encarar todos estos nuevos trabajos, igual tiene que haber una reestructuración de trabajo dentro de aportes adentro del IPV, y es lo que estamos viendo, cómo se reestructura todo", agregó.
En ese sentido, dejó en claro que "no es lo mismo hacer un edificio multifamiliar que entregar un lote con servicio. Porque esto es algo netamente técnico. Usted tiene un macizo donde tiene que tener un anillo de infraestructura. Si usted hace un edificio en uno de los laterales, puede tener toda la infraestructura y hace la obra igual. Nosotros estamos trabajando en poder completar todos esos nexos de infraestructura, lo cual también requiere un financiamiento".
"Nosotros, a partir recién de junio, hemos obtenido un incremento en lo que es nuestra coparticipación, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Por lo cual, todo ese incremento lo estamos volcando a obra y estamos generando estas infraestructuras para poder entregar los lotes", destacó la Presidenta del IPV.
7 mil personas esperan el sueño de la casa propia
Actualmente hay más de 7 mil personas que esperan una vivienda en Tierra del Fuego y más de la mitad, son personas de Ushuaia. Muchas de ellas también son personas solas, según estimaciones del IPV.
Con esos datos, el organismo "sacó el porcentaje y van a ser aproximadamente 250 lotes a nivel provincial, repartidos en las diferentes ciudades. En principio, los que tenían por completar era en Ushuaia y ahora se suma Tolhuin con la posibilidad de poder entregar lotes", explicó Montes.
Por otra parte, el IPV continúa con el proyecto de los alquileres sociales, los cuales son destinados a "personas que tienen una vulnerabilidad socioeconómica". "El alquiler sería mínimo y estaría segmentado. Nosotros hoy por hoy tenemos una modalidad que se llaman los convenios de ocupación, que es para aquellas personas que tienen una vulnerabilidad, que han ocupado irregularmente diferentes situaciones y muy disímiles. Y desde el IPV, en la próxima entrega de viviendas, va a haber edificios completos que sean propiedad del Estado y que sirvan para estas situaciones de gente en situación de calle, de extrema vulnerabilidad. Estamos evaluando qué porcentaje de la demanda cierta y actual hay, porque se entiende que de un año y esta parte ha crecido. Entonces, aquellas personas que no tienen recursos bancarizados o formales, ver qué solución habitacional le puede dar el Estado", dijo.
"Se entiende que adjudicarle una vivienda hasta que no mejore su situación, sería como entregarle un problema porque no la podría pagar. Dentro de la reglamentaria del IPV se dispararía todo lo que es juicio, todo lo que es desalojo. Entonces, para evitar esa situación y ya conociendo que la familia está en una situación vulnerable socioeconómicamente, poder dar esta opción también que no la teníamos", aclaró la funcionaria.
