En la noche del viernes, la Embajada argentina en Caracas se convirtió en el epicentro de una crisis diplomática y política, al ser rodeada por un destacamento policial y agentes encapuchados. Esta escalada de tensión se produce en un contexto delicado para los dirigentes opositores refugiados en la sede diplomática, todos ellos vinculados a la líder opositora María Corina Machado.
Los refugiados, que han estado documentando la situación a través de videos en redes sociales, informan que la embajada se encuentra sin suministro eléctrico, lo que agrava la situación ya de por sí crítica. Según los testimonios, un gran número de agentes patrulla la zona, aumentando las preocupaciones sobre la seguridad de los seis dirigentes opositores que permanecen en el edificio.
La situación se complica aún más debido a que el gobierno de Nicolás Maduro ha revocado la autorización otorgada a Brasil para custodiar la embajada argentina. Desde agosto, Brasil había asumido la responsabilidad de la seguridad del edificio y la protección de los dirigentes opositores tras la partida forzada de los diplomáticos argentinos del país, en respuesta a una medida del gobierno venezolano.
Todo esto sucede luego de que el gobierno de Javier Milei exhortara "al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen".
"Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención", sostiene Cancillería.
