La jueza estadounidense Loretta Preska ha autorizado el embargo de 210 millones de dólares en activos del Estado argentino, lo que agudiza el conflicto con los tenedores de bonos en default. La decisión, que sigue el precedente establecido por la Corte Suprema de EE. UU. en enero, beneficiará al fondo Attestor, que ha estado involucrado en las disputas legales sobre deuda con Argentina.
El embargo, que se suma a una reciente ejecución de garantía por 325 millones de dólares en el caso del Cupón PBI en Londres, intensifica la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.
La medida judicial ordena que la Reserva Federal de Nueva York proceda al congelamiento de los fondos, lo que afectará directamente a los activos argentinos en el territorio estadounidense. Además del embargo inmediato de los 210 millones de dólares, la jueza Preska también dispuso el congelamiento preventivo de otros 100 millones, ampliando el alcance de las restricciones.
Este fallo tiene su origen en la crisis de deuda argentina, con el conflicto exacerbado por los fondos de inversión que tienen reclamos pendientes desde las reestructuraciones de deuda previas. En enero, la Corte Suprema de EE. UU. rechazó una apelación de Argentina, lo que dejó firme la orden de embargo de la jueza Preska.
La decisión también involucra los activos argentinos vinculados a los bonos Brady, utilizados como colateral para la deuda reestructurada en los años 90. Aunque en 2023 Argentina completó el pago de sus obligaciones, la nueva disputa ha generado nuevos embargos, lo que podría complicar aún más la situación del país en los mercados internacionales.
