El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso Nacional, en el cual se otorgaba el aumento a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, en el cual el Poder Ejecutivo calificó a las leyes como “fiscalmente irresponsables” y señaló que no establecían fuentes de financiamiento genuinas, lo que, según el texto, incumple la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno fundamentó su decisión arumentando que las leyes generan:
Costo fiscal “exorbitante”: el decreto sostiene que los tres proyectos hubieran generado un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y 17 billones en 2026, lo que representa cerca del 1% del PBI este año y 1,68% en 2026. Desde Casa Rosada afirmaron que esto comprometería las metas fiscales y pondría en riesgo el equilibrio económico, al que calificaron como “innegociable”.
Vicios legislativos: se cuestiona la validez de la sesión del Senado del 10 de julio, que, según el Ejecutivo, no contó con la citación reglamentaria previa y en la cual los proyectos fueron tratados con mayoría simple, cuando se requería una mayoría agravada de dos tercios.
Las leyes vetadas por Milei
Aumento a las jubilaciones: contemplaba un incremento de emergencia del 7,2%, un bono mensual de $110.000 actualizable, y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas.
Moratoria previsional: prorrogaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo a personas sin 30 años de aportes acceder a la jubilación. Además, flexibilizaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva, y establecía compensaciones económicas para prestadores de servicios, entre otras medidas.
Tras el veto presidencial, la iniciativa vuelve al Congreso, donde la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras si desea insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Ejecutivo.
