El Gobierno nacional declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más, a través del Decreto 681/2025. La medida se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud, la educación, la inclusión laboral y la protección social.
La norma fue promulgada tras la insistencia del Congreso de rechazar los vetos del Ejecutivo nacional que impedían destinar más fondo al área sensible. Así, dispuso la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con el trabajo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Los beneficiarios tendrán también cobertura médica integral y la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de su gestión.
Además, el decreto establece mecanismos de financiamiento para prestadores de servicios, compensación arancelaria, fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad, y beneficios fiscales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
El Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Congreso y a la ciudadanía sobre los avances, la ejecución presupuestaria y el impacto de las medidas implementadas en el marco de esta emergencia.
La norma fue firmada por el presidente Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos.
