El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional, al advertir que se trata de una decisión “carente de coherencia jurídica y técnica” y sin fundamentos reales que la justifiquen.
“La resolución emitida por la autoridad nacional presenta una contradicción insostenible y evidencia un claro intento de forzar una intervención administrativa sin sustento”, afirmó Murcia. Según explicó, la norma dispone en primer término la suspensión de la habilitación del puerto y su intervención operativa, técnica y administrativa, pero en su artículo 3 suspende la propia sanción de inhabilitación “para no afectar la operatoria portuaria”.
“Esta incongruencia deja al descubierto la verdadera intención: no se actúa por motivos de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como mecanismo de presión para justificar una intervención arbitraria”, sostuvo el titular del organismo provincial.
Murcia remarcó que, si existieran falencias edilicias o riesgos operativos reales, la medida lógica y responsable sería la inhabilitación inmediata para resguardar la seguridad. “Aquí ocurre exactamente lo contrario: primero se anuncia la inhabilitación para intervenir y, una vez consumada la intervención, se habilita nuevamente la operatoria. Es un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el Puerto de Ushuaia opera con total normalidad, alcanzando récords de recaladas y cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros niveles de seguridad y calidad de servicio. Si existieran riesgos reales, estas empresas no operarían en el puerto. La resolución nacional desconoce la realidad y constituye una forma de extorsión institucional inaceptable”, señaló.
Finalmente, Murcia confirmó que la Dirección Provincial de Puertos, junto al Gobierno de Tierra del Fuego, impulsará todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para revertir la medida. “Defenderemos la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No vamos a permitir que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”, concluyó.
