En plena temporada de cruceros 2025–2026, el Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia por el término de doce meses, tras una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que también dispuso la suspensión de su habilitación, aunque garantizando la continuidad de los servicios esenciales para no afectar la operatoria portuaria.
La decisión se adoptó luego de inspecciones técnicas, auditorías contables y administrativas, y un extenso proceso de descargos, en el que el organismo nacional concluyó que existen irregularidades financieras, uso indebido de fondos portuarios, desinversión en infraestructura clave y riesgos para la seguridad operativa, en uno de los puertos más estratégicos del país y puerta de entrada a la Antártida.
Irregularidades financieras y uso indebido de fondos del Puerto de Ushuaia
Según la resolución oficial, uno de los ejes centrales de la intervención es la afectación de recursos del Puerto de Ushuaia a fines ajenos a la actividad portuaria, en presunta violación al Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos portuarios deben destinarse exclusivamente a administración, operación, mantenimiento e inversiones portuarias.
La ANPYN indicó que el superávit financiero del ejercicio 2024, estimado en $4.000 millones, fue transferido al Ministerio de Economía provincial para solventar gastos generales, lo que habría comprometido seriamente la capacidad del puerto para ejecutar obras indispensables de seguridad y mantenimiento.
Este punto se vio agravado por la sanción de la Ley Provincial N.º 1596, que habilita el uso de fondos portuarios para cubrir déficits de la obra social estatal, una medida que el organismo nacional consideró incompatible con el régimen portuario nacional y la Ley 24.093.
Graves fallas en la infraestructura portuaria
Las inspecciones realizadas a fines de septiembre y comienzos de octubre de 2025 revelaron un deterioro significativo del muelle comercial, particularmente en el Sitio 3, donde se constató faltante de pilotes, defensas severamente desgastadas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica.
El informe técnico también detectó obsolescencia de los sistemas de protección contra incendios, señalización insuficiente, iluminación deficiente, fallas en el drenaje pluvial y un control inadecuado del tránsito pesado, lo que afecta directamente la seguridad de maniobras, el atraque de buques y la operatoria de cruceros internacionales.
Además, la Agencia advirtió que el nivel de inversión en obras de infraestructura fue extremadamente bajo, con apenas el 1,3% del presupuesto total destinado a mantenimiento y mejoras, pese al alto volumen de actividad del puerto.
Deficiencias administrativas y cuestionamientos a la gestión
En el plano administrativo, la resolución señala falta de registros claros y verificables de ingresos, egresos y procesos de compra, además de inconsistencias contables que no habrían sido debidamente subsanadas durante el proceso de descargo.
Entre los puntos más llamativos, la ANPYN cuestionó que parte de la gestión administrativa habría sido tercerizada en una empresa sin antecedentes en administración portuaria, lo que profundizó las dudas sobre la idoneidad, transparencia y control interno del organismo provincial.
Asimismo, se detectaron falencias en los sistemas tecnológicos, de comunicaciones y de seguridad de la información, incumpliendo estándares mínimos nacionales e internacionales exigidos para puertos de relevancia estratégica.
Intervención por 12 meses y control nacional de la operatoria
Ante este escenario, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses, prorrogables por acto fundado, asumiendo la gestión operativa, técnica y administrativa para garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes.
Durante el período de intervención, la Prefectura Naval Argentina y otros organismos nacionales podrán reforzar los controles, mientras se evalúa la regularización financiera, la ejecución de obras estructurales y el ordenamiento integral de la administración portuaria.
