La presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego y su participación en actividades de entrenamiento junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4) quedó expuesta a partir de imágenes y registros difundidos en redes sociales y por medios especializados, mientras que hasta el momento no se conoció una comunicación oficial de la Armada Argentina que explique públicamente el alcance de estas actividades.
La información difundida en las últimas horas señala que pequeños contingentes de militares vinculados al Cuerpo de Marines de Estados Unidos estarían realizando rotaciones en Tierra del Fuego y participando de ejercicios junto al BIM 4. Según las publicaciones periodísticas, los grupos estarían integrados por entre 20 y 30 efectivos y desarrollarían actividades de reconocimiento y entrenamiento en valles, zonas montañosas y glaciares fueguinos.
También se reportó el movimiento de equipamiento militar estadounidense en Ushuaia. La información conocida sostiene que durante los últimos meses se habría registrado un esquema de ingreso y recambio de personal, lo que permitiría mantener una presencia periódica de efectivos estadounidenses en la provincia.
El dato adquiere especial relevancia porque estas actividades no fueron presentadas públicamente hasta el momento como un ejercicio militar internacional con información oficial detallada, por lo que permanecen sin aclarar aspectos centrales como la cantidad exacta de efectivos involucrados, la duración de los despliegues, las unidades estadounidenses participantes, el tipo de entrenamiento realizado y bajo qué autorización se desarrollan.
En ese contexto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó hoy explicaciones al Gobierno nacional y pidió que el Congreso de la Nación determine si se cumplen las exigencias constitucionales vinculadas con la presencia de personal militar extranjero en territorio argentino.
“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, planteó Pérez.
“El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y, en el marco de sus competencias de control, el propio Congreso debe verificar el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28”, señaló.
El artículo mencionado establece entre las atribuciones del Congreso la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales. La Ley 25.880 establece, además, el marco para la autorización de ingreso y egreso de tropas extranjeras. La discusión actual pasa por determinar qué autorización existe para las actividades que se están desarrollando en Tierra del Fuego y cuál es su encuadre institucional.
En ese tramo, Pérez vinculó el reclamo con la decisión del Gobierno nacional de continuar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El intendente respaldó la importancia estratégica de contar con esa infraestructura, pero marcó una diferencia respecto de cualquier eventual participación de fuerzas extranjeras.
“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.
En ese sentido, fue categórico: “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”. “Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países”, agregó.
