La Justicia provincial dictó una sentencia clave en la causa impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) contra LeoLabs Argentina S.R.L. y resolvió declarar la nulidad de la inscripción societaria de la empresa ante el registro público provincial.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, que consideró acreditada una manifiesta afectación al interés público vinculada a la actividad desarrollada por la firma en la localidad de Tolhuin.
Entre los fundamentos centrales del fallo, el tribunal sostuvo que la puesta en funcionamiento de la estación tecnológica presenta la potencialidad de poner en riesgo intereses vitales y estratégicos de la Nación.
Además, entendió que la actividad privada de la sociedad compromete negativamente la política de defensa nacional y la seguridad, configurando un escenario de vulnerabilidad.
La sentencia también receptó informes del Ministerio de Defensa de la Nación, en los que se advertía sobre las connotaciones geopolíticas de la estación radar instalada en la provincia.
Otro de los puntos señalados por la Justicia fue que la empresa se encuentra integrada por capitales de origen británico, situación considerada incompatible con las directrices de la política de defensa nacional en el contexto de la ocupación ilegal del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
Asimismo, se indicó que el radar instalado tendría capacidad tecnológica de uso dual —civil y militar—, lo que permitiría monitorear actividad satelital argentina, interceptar datos y realizar inteligencia de señales de manera pasiva.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, afirmó que la sentencia “marca un punto de inflexión”. “La Justicia ratificó lo que veníamos sosteniendo: no hay margen para que operen en nuestra provincia empresas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a nuestros intereses soberanos”, expresó.
En tanto, el secretario de Justicia provincial, Gonzalo Carrillo, sostuvo que el fallo brinda herramientas clave para avanzar hacia la erradicación definitiva de la instalación.
Explicó además que, si la resolución queda firme, la empresa pasará a revestir el carácter de sociedad no inscripta regularmente, perdiendo capacidad operativa y legal.
La resolución judicial aún puede ser apelada, aunque desde el Gobierno fueguino consideran que representa un avance determinante en el conflicto generado por la instalación del radar en Tolhuin, una polémica que desde sus inicios estuvo atravesada por cuestionamientos geopolíticos, de soberanía y seguridad nacional.
