El ministro jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, cuestionó con dureza la ley sancionada por la Legislatura provincial que intenta dejar sin efecto la norma que habilitó la reforma parcial de la Constitución, y la calificó como “inconstitucional”.
“El problema es que lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, afirmó el funcionario, al sostener que la convocatoria a una reforma constitucional “no es una ley común”, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales.
En ese marco, Canals remarcó que el proceso ya se encuentra en marcha y que no puede ser interrumpido por una norma posterior. “El proceso electoral ya está en marcha. No puede haber después de todo el proceso en marcha otra ley que diga no”, señaló.
El funcionario también advirtió que la iniciativa legislativa afecta derechos fundamentales de la ciudadanía. “No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, expresó, en referencia a la elección de convencionales constituyentes.
Frente a este escenario, adelantó que el Poder Ejecutivo avanzará con el veto de la ley. “Nosotros vamos a vetar esta medida porque es inconstitucional. Estamos evaluando todas las opciones. La reforma está en marcha y el llamado a elecciones está vigente”, sostuvo.
Consultado sobre una eventual judicialización del conflicto, Canals señaló que esperan evitar esa instancia, aunque reconoció que podría producirse. “Estoy convencido de que se va a poder hacer la elección de Convencionales Constituyentes prevista para el 9 de agosto”, afirmó.
En relación a las críticas por el costo económico del proceso, el ministro fue contundente: “No se puede medir la posibilidad de dejar plasmada en una carta magna el futuro de la provincia por cuestiones económicas”.
Por último, defendió la necesidad de avanzar con la reforma constitucional y mencionó algunos de los puntos que considera centrales: limitar reelecciones indefinidas, revisar cargos vitalicios, definir con claridad los límites provinciales y actualizar la Constitución a las demandas actuales y futuras de la sociedad fueguina.
