El plenario legislativo aprobó en general por 162 votos el dictamen de mayoría que fueron aportados por el interbloque Cambiemos, siete del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina (ex massistas), entre otros.

El proyecto aprobado esta madrugada tras quince horas de debate declara la emergencia en materia de litigiosidad y el pago de las deudas por sentencias judiciales que existen con los jubilados, que será solventado con el producido del blanqueo de activos, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que podrá vender hasta el 7 de las acciones que tiene en empresas privadas.

Al blanqueo de capitales no podrán ingresar funcionarios o ex funcionarios que estuvieron desde el 2010, legisladores y jueces, ni los padres, conyugues, convivientes, e hijos.

En el cierre del debate, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, aseguró que al oficialismo "no se nos pasa por la cabeza modificar el sistema público, solidario y de reparto" y "solamente venimos a resolver un problema de litigiosidad y el tiempo de demora para que cobren los jubilados".

"La idea no era si se incluía más jubilados y se morían los otros esperando para cobrar, la idea era resolver los dos problemas juntos", agregó

Por su parte, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde dijo que "este proyecto no sirve ni como sofá ni como cama" y criticó que se "plantea jubilados de primera o de segunda, con la creación de la pensión por la vejez".

"No hay ningún motivo para no incluir a los familiares de los funcionarios o funcionarios del blanqueo", agrego y dijo que esta ley "apunta a vender las acciones del Fondo de Garantía Sustentable para privatizar el sistema y volver al sistema privado de las AFJP".

El proyecto ratifica la devolución del 15 por ciento de la coparticipación que se le retenía a las provincias para financiar a la Anses y el pago de las diferencias a las cajas jubilatorias provinciales entre el haber mínimo y el monto que pagan en cada distrito, previo a una auditoria.

Otro punto central del proyecto es que se mantiene el Impuesto a los Bienes Personales, se eximirá del pago a las ganancias del aguinaldo a las personas que no tengan bienes superiores a los 800.000 pesos, y se conformará una comisión para analizar una eventual reforma tributaria.