Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que durante la última dictadura militar ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, murió hoy a los 93 años, condenado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser condenado por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado en sendos juicios en La Plata y sin revelar el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani, a quien retiró en sus brazos tras acribillar a balazos a su madre, ni el del albañil y militante Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para que Etchecolatz recibiera, por primera vez en la historia judicial argentina, una condena por genocida.

Etchecolatz, quien falleció a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, partió sin arrepentirse de sus crímenes ni pedir perdón a sus víctimas; por el contrario, siempre justificó su accionar ante los tribunales federales que lo juzgaban y cuya competencia rechazaba.

En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

Etchecolatz se va impune de los delitos cometidos contra 500 víctimas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús y también quedará impune su participación en los crímenes de cinco personas, entre ellas una mujer Vicenta Orrego Meza, a quien le arrebataron sus tres hijos, que fueron entregados al Hogar Belén en Banfield, donde sufrieron maltratos y abusos sexuales por los que aún sufren secuelas psicológicas.