El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el proyecto por el cual se suspende por 10 años los desalojos en terrenos usurpados y hoy llamados "barrio populares" conocidos comúnmente como villas y asentamientos.
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra de la senadora de Juntos Por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”, según consignó la agencia Télam.
“De este modo, resguardamos de la incertidumbre a quienes se encuentran en esa situación”, aseguró el representante del Frente de Todos.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
En tanto, la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, afirmó que “esta es una política de Estado que no empezó hoy, sino en 2016 (durante el gobierno de Cambiemos), porque para resolver los problemas de la gente tenemos que hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a cinco millones de pobres vulnerables con su hábitat domiciliario bajo la alfombra”.
