
EL oficialismo y la oposición respaldaron que se suspendan los desalojos en terrenos usurpados de manera precaria en los denominados "barrios populares".
EL oficialismo y la oposición respaldaron que se suspendan los desalojos en terrenos usurpados de manera precaria en los denominados "barrios populares".
Se trata de un ex asentamiento donde hace poco tiempo fue catalogado como "barrio" y se encuentra dentro del programa de Barrios Populares. Melella rubricó el convenio de obras.
En la obra se prevé la consolidación de macizos y parcelas, que permitirá crear 94 lotes con servicio y la construcción de 94 módulos de vivienda para la reubicación de familias del sector intrusado.
La problemática las usurpaciones ahora se trasladó a problemas ambientales y los nuevos barrios reclaman soluciones. Los representantes de cada bloque mantuvieron una profunda discusión.
Los senadores aprobaron una ley que les dará el titulo de propiedad a aquellos que ocuparon ilegalmente un lote.
Al control de los efectivos se dispuso también la prohibición de ingreso de materiales al sector informal que será próximamente un barrio.
El proyecto oficialista aprobado en Diputados establece expropiaciones de terrenos para urbanizaciones en beneficio de 850 mil familias.
A partir de los decretos de pre adjudicación de tierras, los vecinos de distintos asentamientos comenzarán a pagar impuestos y servicios.
Un relevamiento realizado por RENABAP identificó la cantidad de familias y personas que viven en asentamientos informales, creados en los últimos 10 años.
Un informe dado a conocer por la organización Techo revela que cerca de 3 millones de personas viven en zonas en donde no cuentan con los servicios básicos.
Se trata de los terrenos ubicados en la zona norte de la ciudad, que desde el 2007 se encuentra usurpado por más de cincuenta familias.
Un estudio revela la percepción de los argentinos sobre la economía y la sociedad, mostrando que la mayoría califica su situación personal como “mala” o “muy mala”. Además, calificaron a los políticos.
El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.
Las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir efectivamente su función, y quienes participen en la capacitación previa reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000. Los delegados percibirán 120 mil pesos.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.