
EL oficialismo y la oposición respaldaron que se suspendan los desalojos en terrenos usurpados de manera precaria en los denominados "barrios populares".
EL oficialismo y la oposición respaldaron que se suspendan los desalojos en terrenos usurpados de manera precaria en los denominados "barrios populares".
Se trata de un ex asentamiento donde hace poco tiempo fue catalogado como "barrio" y se encuentra dentro del programa de Barrios Populares. Melella rubricó el convenio de obras.
En la obra se prevé la consolidación de macizos y parcelas, que permitirá crear 94 lotes con servicio y la construcción de 94 módulos de vivienda para la reubicación de familias del sector intrusado.
La problemática las usurpaciones ahora se trasladó a problemas ambientales y los nuevos barrios reclaman soluciones. Los representantes de cada bloque mantuvieron una profunda discusión.
Los senadores aprobaron una ley que les dará el titulo de propiedad a aquellos que ocuparon ilegalmente un lote.
Al control de los efectivos se dispuso también la prohibición de ingreso de materiales al sector informal que será próximamente un barrio.
El proyecto oficialista aprobado en Diputados establece expropiaciones de terrenos para urbanizaciones en beneficio de 850 mil familias.
A partir de los decretos de pre adjudicación de tierras, los vecinos de distintos asentamientos comenzarán a pagar impuestos y servicios.
Un relevamiento realizado por RENABAP identificó la cantidad de familias y personas que viven en asentamientos informales, creados en los últimos 10 años.
Un informe dado a conocer por la organización Techo revela que cerca de 3 millones de personas viven en zonas en donde no cuentan con los servicios básicos.
Se trata de los terrenos ubicados en la zona norte de la ciudad, que desde el 2007 se encuentra usurpado por más de cincuenta familias.
La víctima identificada como Rufino Ayala, de 65 años de edad murió en el lugar.
El gremio expresó su apoyo a los reclamos impulsados por la central obrera, aunque aclaró que seguirá acatando la conciliación laboral obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Suspende facultades legislativas en la reserva legal en materia económica y financiera, otorgándole poderes extraordinarios.
Durante el primer día de funcionamiento del centro, 92 pacientes fueron atendidos, mientras que un 51% de los turnos ya asignados corresponde a la próxima semana.
La ordenanza prevé multas de entre un millón y seis millones de pesos. En casos persistentes, las empresas infractoras podrán recibir sanciones más severas como la suspensión de la habilitación comercial.