El fondo inglés Burford elevó un pedido a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para que el Estado argentino transfiera todas sus acciones sobre YPF a manos de sus clientes, afectados por la expropiación que hizo el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y de la cual el kirchnerismo celebraba.
El bufete de abogados inglés Burford, que formuló esta petición después de que el país no haya abonado los 16.100 millones de dólares que la jueza ordenó pagar al Estado argentino el pasado noviembre, y que le servirían para evitar embargos futuros.
El pedido está fechado el 1 de abril, pero la jueza ordenó este viernes que se desclasificara ese documento.
El analista Sebastian Maril, experto en el caso, indicó en su cuenta de X que la petición de transferir la titularidad se refiere no solo a las acciones en manos del Estado, sino también a las que tienen las provincias.
El presidente argentino Javier Milei se ha referido en alguna ocasión al caso por la expropiación y reconoció abiertamente que el Estado argentino no tiene el dinero: “No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar (pero) sí tenemos la voluntad de pagar”, dijo en diciembre pasado.
No obstante, el fallo de Preska sobre la posible transferencia está lejos: ha puesto como fecha límite el 16 de mayo para que el Gobierno argentino presente su moción de oposición, y el 30 de mayo para que le respondan los beneficiarios.
La jueza denegó este viernes una solicitud de los beneficiarios para mantener oculta la petición de transferencia, en la que argumentaban que hacerla pública “impediría su capacidad de tener una discusión comercial” al poner en cuestión la propiedad mayoritaria y control de Argentina sobre YPF. Preska, en su negativa, responde que “no es un secreto” que Argentina tiene control desde hace años sobre YPF y, al ordenar la desclasificación, apostilla que “el tribunal no se ve persuadido por el desfile de horrores que han descrito los demandantes”.
Con información de EFE
