El Gobierno nacional generó una nueva controversia al eliminar la posibilidad de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgue préstamos a jubilados y pensionados. Esta decisión fue formalizada con la publicación del Decreto 1039/24 en el Boletín Oficial, lo que implica un cambio en la política de financiamiento que beneficiaba a los adultos mayores con tasas preferenciales de crédito.
El decreto establece que ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ya no podrá usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar créditos. El cambio se basa en un informe de auditoría sobre el FGS, que destacó la disparidad entre las tasas de interés de los préstamos otorgados por ANSES y las que ofrecen los bancos privados. Según el Gobierno, esta diferencia afectaba la rentabilidad del fondo, diseñado para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y no para funcionar como un banco de crédito.
El texto de la normativa aclara que el FGS debe destinar sus recursos a la preservación de sus activos, en lugar de ser utilizado para financiar créditos personales. Además, la ley subraya que el sector privado tiene la capacidad y los recursos para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central, y que actualmente existen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, tanto en instituciones financieras públicas como privadas.
La medida es polémica ya que millones de jubilados pudieron acceder a préstamos con destinos libres a una tasa preferencia, incluso mucho mejor de las que dan los bancos y billeteras virtuales en la actualidad. El sector, ya viene siendo castigado con una baja percepción de haberes un bono congelado desde la asunción de Javier Milei.La controversia continúa, mientras se debate el impacto real de la eliminación de esta herramienta de financiamiento para los adultos mayores.
