El Gobierno avanzará en un decreto para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico

El Gobierno nacional está avanzando en la redacción de un Decreto que tiene como objetivo otorgar mayores poderes a las Fuerzas Armadas en la lucha contra amenazas internas, como el narcotráfico y el terrorismo, especialmente en las zonas fronterizas del país. Esta medida, que aún se encuentra en proceso de definición, permitiría que los militares intervengan en situaciones que actualmente no están cubiertas por la legislación vigente, ampliando así su rol en la seguridad interior.

La aceleración de la redacción del Decreto fue motivada por un video reciente en el que cuatro presuntos narcotraficantes amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un hecho que fue calificado como "gravísimo" por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Adorni confirmó que el Gobierno tomará medidas al respecto, aunque no detalló cuáles serían.

La modificación normativa podría incluir la reforma del Decreto 727, sancionado en 2006, que limita el accionar de las Fuerzas Armadas a la defensa ante agresiones de Estados extranjeros. Con este cambio, se ampliaría el accionar militar a situaciones internas de seguridad, como el combate al narcotráfico y el terrorismo, una preocupación que ha aumentado en el gobierno de Javier Milei, quien desde su llegada al poder ha buscado darle un rol más preponderante a las FFAA, tanto en términos de equipamiento como de competencias.

En este marco, en agosto de este año, el Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior, específicamente el artículo 27, con el fin de permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. En el proyecto se destaca el "terrorismo" como una amenaza crítica, justificando la necesidad de la participación militar en tareas de patrullaje, custodia de edificios, detenciones y el uso de la fuerza, un terreno en el que los militares no están específicamente entrenados. Además, establece que, si existe una investigación judicial sobre terrorismo y se activa el Comité de Crisis, este puede solicitar al Ministerio de Defensa el despliegue de efectivos militares para cumplir funciones de seguridad interior.