El gobernador Gustavo Melella confirmó este miércoles que el Gobierno de Tierra del Fuego alcanzó un acuerdo con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TEQSA), poniendo fin a un extenso conflicto judicial iniciado por la compañía tras la rescisión de conocido "convenio chino" iniciado por la exgobernadora Fabiana Ríos y que derivó en una serie de irregularidades, reveladas por el periodista Jorge Lanata y C5N.
Según informó el Gobierno, se retomará el proyecto de instalación de una planta de urea en la zona norte de la isla, como se había prometido muchas veces e incluso por el actual ministro Alejando Aguirre, cuando era funcionario del gobierno socialista de Ríos.
La iniciativa, que había quedado trunca por “mezquindades políticas” según expresó Melella, vuelve a ponerse en marcha con una inversión total estimada de 830 millones de dólares, dividida en dos etapas.
“El proyecto se frenó años atrás por decisiones políticas que no pensaron en el desarrollo de la provincia. TEQSA nos había iniciado un juicio millonario y hoy logramos resolverlo sin que la provincia pague ni un peso. Esto nos permite volver a apostar por la industrialización del gas, especialmente en Río Grande”, remarcó Melella.
La primera etapa del proyecto contempla la instalación de dos generadores de turbina y la puesta en marcha de una central termoeléctrica, con una inversión inicial de 100 millones de dólares. La segunda fase, aún más ambiciosa, implicará la construcción de la planta de producción de urea, con una inversión cercana a 730 millones de dólares.
El gobernador también destacó los impactos positivos de esta reactivación: generación de empleo directo e indirecto, fortalecimiento de la matriz productiva, sustitución de importaciones y mayor valor agregado a los recursos naturales locales. El acuerdo establece que la empresa debe utilizar mano de obra y materias primas fueguinas, y distribuir la producción en el mercado nacional.
Como antecedentes del proyecto, en 2009 se firmó un memorándum de cooperación con la provincia de Shanxi (China), lo que derivó en una licitación pública internacional, avalada por la Ley Provincial 828 promulgada por Fabiana Ríos donde se “aprueba en todos sus términos el convenio celebrado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima para la venta de gas proveniente de regalías”.
Sin embargo, eso daba comienza a una extensa situación escandalosa, plagada de irregularidades por parte de la empresa y un gobierno presentando una "operación sospechosa” y que derivó en un allanamiento judicial sobre una delegación gubernamental en Río Grande. Como si fuera poco, el representante de la empresa, Fernando Lin, se presentaba como "un director", pero un informe de C5N reveló que solo se trataba de un monotributista, con pocos aportes.
El escandaloso proyecto fue escalando; el Estado que no desembolsaba el dinero para avanzar, debido a las irregularidades, y la empresa sin avances, buscando asociarse para llevar adelante el proyecto.
El nuevo plan de inversión
El relanzamiento del proyecto se concretará en dos etapas:
