Durate esta semana, personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos (DPOSS) llevó adelante tareas de monitoreo ambiental en diferentes puntos del Canal Beagle, con el objetivo de evaluar el nivel de contaminación generado por los vertidos cloacales de la ciudad. Del procedimiento, participó el Fiscal Mayor interino de Ushuaia, Fernando Ballester Bidau.
La actividad se enmarca en la causa judicial “Participación Ciudadana c/ Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y DPOSS s/ Protección de Intereses Difusos” (Expte. N° 15.447/15), en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Sur, donde Ballester Bidau actúa como parte esencial del proceso.
Los estudios se realizaron en sectores sensibles como las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, el dispersor marino frente a Isla Dos Lomos y la desembocadura del Arroyo Grande, al este de la Bahía de Ushuaia. Estas tareas forman parte del Plan de Remediación Ambiental Ushuaia (PRAU), establecido por la sentencia judicial de agosto de 2014, que obliga al Gobierno provincial y al municipio de Ushuaia a llevar a cabo obras para detener el grave daño ambiental causado por el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento.
“El monitoreo ejecutado tuvo como objetivo la recopilación de datos de la química ambiental del medio acuático”, explicó Ballester Bidau, quien detalló que los estudios tomaron como referencia análisis realizados entre 2016 y 2018, permitiendo establecer una línea de base para evaluar la evolución del ecosistema marino costero.
La contaminación en Ushuaia
El relevamiento incluyó la comparación de diversidad biológica y densidad de especies entre zonas impactadas por los efluentes y áreas no afectadas, como la Bahía Ensenada en el Parque Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga y Estancia Túnel.
Según el informe final elaborado por DPOSS en mayo de 2024, “los resultados obtenidos demuestran que la comunidad macro-bentónica del intermareal rocoso en zonas impactadas por efluentes cloacales difiere de aquellas no impactadas”, lo que confirma la existencia de un impacto biótico. Sin embargo, el estudio aclara que este efecto es mayormente localizado, limitándose a un radio de pocos kilómetros.
El documento también advierte que, aunque actualmente la contaminación se encuentra contenida, el crecimiento poblacional y el turismo podrían agravar la situación si no se refuerza la infraestructura cloacal. En ese sentido, destaca como prioritaria la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento en la zona del Arroyo Grande, donde se descargan actualmente efluentes sin tratamiento provenientes del sector Este de la ciudad.
Durante la toma de muestras participaron, junto al Fiscal, las ingenieras Roxana Taier y Almendra Damonte, el técnico químico Jonathan Simón, la idónea Yanina Seveca, el fotógrafo Fernando Quiroga y el perito ingeniero Francisco Troilo. La actividad contó además con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, el CADIC y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).
