El Gobierno Nacional canceló un total de 110.522 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, tras detectarse que habían sido otorgadas de manera irregular. Así lo confirmó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia en Casa Rosada.
Del total de bajas, 8.107 correspondían a personas fallecidas, mientras que otras 10.038 fueron renuncias voluntarias de beneficiarios que desistieron del cobro antes de afrontar posibles causas judiciales. Según el Ejecutivo, la medida permitirá un ahorro mensual de aproximadamente 35.000 millones de pesos.
La revisión fue realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, que ya auditó a más de un millón de personas en todo el país. El 60% de los convocados no se presentó a las juntas médicas requeridas, condición obligatoria para conservar el beneficio.
La investigación también detectó cobros en el extranjero, certificados médicos falsificados e incluso beneficiarios privados de su libertad. Desde el Gobierno aseguran que no se trata de un ajuste, sino de una “depuración” para combatir el clientelismo y restablecer criterios técnicos en la entrega de las pensiones.
