
El gremio denuncia que la situación en el sector representa un riesgo real para la seguridad de los vuelos, debido al incumplimiento de auditorías internacionales por parte de la ANAC.
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Nacionales14/08/2025El presidente Javier Milei firmó el Decreto 582/2025 que establece la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que será la autoridad de aplicación del régimen de administración, conservación y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, aprobado por el Decreto 575/2025.
La nueva dependencia tendrá a su cargo la gestión integral de bienes incautados o decomisados en procesos judiciales de competencia nacional y federal, así como en los procedimientos de extinción de dominio. Su objetivo será transformar estos activos en recursos estratégicos para financiar políticas públicas, reforzando el impacto económico contra las organizaciones criminales.
El organismo estará dirigido por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo, que deberá contar con título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Administración o disciplinas afines, además de experiencia en gestión patrimonial y coordinación interinstitucional.
La medida deroga el Decreto 826/2011, que había creado el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados pero que carecía de atribuciones operativas para una gestión activa. El nuevo esquema busca dotar al Estado de una estructura especializada, con personal capacitado y herramientas técnicas para garantizar transparencia, trazabilidad y eficiencia en el recupero patrimonial.
El decreto establece que la Oficina de Bienes Recuperados comenzará a funcionar 45 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial.
El gremio denuncia que la situación en el sector representa un riesgo real para la seguridad de los vuelos, debido al incumplimiento de auditorías internacionales por parte de la ANAC.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 33/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, en el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y España.
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