La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció una actualización de los aranceles para los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. El incremento será del 29% o del 35%, según el tipo de prestación, y se aplicará al período comprendido entre octubre y diciembre de 2025.
Sin embargo, desde el sector advierten que el aumento no alcanza para compensar el atraso acumulado, que a agosto de este año ronda el 70% respecto de los valores que deberían haberse actualizado. “Para la población puede parecer un aumento importante, pero no lo es: seguimos muy por debajo de los costos reales”, señalaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
Además, recordaron que las prestaciones se facturan a mes vencido, por lo que el aumento completo se cobrará recién en marzo o abril de 2026, entre 60 y 90 días después de facturado.
Desde el Foro que nuclea a instituciones y profesionales del sector remarcaron que el incremento “representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad” y que, además, “se paga de manera fraccionada”.
“No puede considerarse este aumento como el inicio de un proceso de saneamiento del sistema, que atraviesa una situación crítica de desfinanciamiento y abandono”, expresaron en un comunicado.
Un sistema al borde del colapso
El documento recuerda que el deterioro de los aranceles no comenzó con la actual gestión, sino que se arrastra desde la presidencia de Alberto Fernández, aunque se profundizó durante el gobierno en curso, que “no otorgó aumentos acordes con la inflación ni con los costos de funcionamiento”.
También se menciona el incumplimiento del pago de la compensación prevista en la Ley 27.793, deuda que el Estado mantiene con los prestadores.
“El Gobierno intenta presentar este aumento como una respuesta a las necesidades reales, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos”, subraya el texto, al tiempo que advierte que la continuidad de muchos servicios esenciales está en riesgo.
Reclamo judicial y pedido de cumplimiento
Desde el Foro esperan con expectativa la decisión del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 681/25, que suspende la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Confiamos en que la Justicia garantice su inmediata ejecución”, expresaron.
