El debate por los impuestos vuelve al centro de la escena en Tierra del Fuego. El proyecto de modificación del Código Fiscal y la Ley Tarifaria impulsado por el Ejecutivo provincial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la presión tributaria, con cambios que, si bien no son generalizados, sí apuntan a sectores puntuales de la economía.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, defendió la iniciativa y buscó despejar temores: “Reforma no solamente significa incrementar los tributos”.
Según explicó el funcionario, el proyecto se estructura en tres ejes: seguridad jurídica, modernización y equidad fiscal.
En términos concretos, cerca de 20 de los 22 artículos apuntan a corregir y actualizar la redacción del Código Fiscal. El objetivo es reducir ambigüedades y evitar interpretaciones dispares que derivan en conflictos o fiscalizaciones.
Desde una mirada técnica, esto puede leerse como un intento de ordenar el sistema tributario en un contexto donde las actividades económicas —especialmente las digitales y financieras— evolucionaron más rápido que la normativa.
Uno de los cambios más relevantes es la consolidación del domicilio fiscal electrónico como canal central de comunicación.
La AREF avanzará en la integración con la Comisión Arbitral, completando así el proceso de digitalización. En la práctica, esto implica menos trámites presenciales y un control más ágil por parte del Estado.
Este punto, aunque menos visible en términos políticos, marca un cambio estructural: el paso definitivo hacia un sistema tributario digitalizado.
El núcleo del debate está en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El proyecto propone modificar entre un 20% y un 25% de los códigos de actividades, con ajustes que en muchos casos rondan el medio punto porcentual.
Según Bahamonde, la medida busca corregir distorsiones históricas: “Hay sectores que durante años tuvieron alícuotas reducidas y hoy se busca equilibrar la carga respecto del comercio”.
En ese sentido, el funcionario aclaró que el comercio minorista no será alcanzado por los cambios, y que los principales ajustes recaerán sobre:
El argumento oficial es claro: avanzar hacia una mayor equidad entre sectores económicos.
Aunque el discurso oficial evita hablar de aumento generalizado, en la práctica sí habrá sectores que pagarán más.
La clave del proyecto está en cómo se distribuye esa carga: no de forma uniforme, sino focalizada.
Desde el Gobierno sostienen que el margen de maniobra es limitado debido a los acuerdos fiscales nacionales impulsados durante la gestión de Mauricio Macri, que establecieron topes a las alícuotas.
Además, remarcan que se trata de la primera modificación de este tipo en seis años, lo que refuerza la idea de una intervención puntual más que de un cambio permanente en la política tributaria.
El proyecto deja en evidencia una tensión que atraviesa a todas las provincias: cómo sostener la recaudación sin afectar la actividad económica.
Bahamonde intentó llevar tranquilidad: “Cuando se habla de impuestos hay preocupación, pero esto no afecta a todos por igual”.
Sin embargo, el debate ya está planteado. La reforma propone modernizar y ordenar, pero también redistribuir la carga impositiva en un contexto económico complejo. Y ahí está el punto clave: en tiempos de ajuste, incluso los cambios “técnicos” terminan teniendo impacto político y económico.
