El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), José Labroca, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público y advirtió que la medida traslada una parte creciente del costo a los municipios.
Según explicó, la Resolución 40/2026 establece que la Nación continuará financiando el descuento del 55% para los beneficiarios de la tarifa social, pero únicamente tomando como referencia el valor del boleto vigente al 30 de junio de este año. De esa manera, cualquier aumento futuro de la tarifa deberá ser absorbido por las provincias o los municipios.
“El Gobierno nacional decidió congelar el aporte que realiza para la tarifa social. Va a seguir pagando el beneficio, pero calculado sobre la tarifa de junio. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio”, sostuvo Labroca.
Labroca remarcó que la medida impacta especialmente sobre los sectores de menores ingresos, ya que el beneficio alcanza a:
Jubilados y pensionados.
Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
Personal de casas particulares.
Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Monotributistas sociales.
Personas que perciben prestaciones por desempleo y otros programas sociales nacionales.
El titular de UISE señaló además que la decisión llega en un contexto de fuertes incrementos de los costos operativos del sistema de transporte, especialmente en combustible y salarios, que representan más del 60% de la estructura de costos. “El transporte público atraviesa una situación muy delicada en todo el país. Se están cerrando líneas, reduciendo frecuencias y restringiendo servicios porque los costos siguen aumentando mientras disminuye el acompañamiento del Estado nacional”, indicó.
Labroca sostuvo que el servicio en Ushuaia puede mantenerse gracias al aporte económico del Municipio y al esquema de financiamiento de UISE. “Si la empresa no contara con otras unidades de negocio que generan recursos, el Municipio debería destinar alrededor de 8.000 millones de pesos al año para mantener funcionando el transporte público. Hoy ese esfuerzo se reduce gracias a esos ingresos complementarios, pero las decisiones nacionales trasladan cada vez más responsabilidades a los gobiernos locales”, explicó.
Finalmente, el funcionario advirtió que el congelamiento del aporte nacional no elimina el costo del beneficio, sino que cambia quién debe financiarlo. “Cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios, que son quienes garantizan que el transporte siga funcionando y que los vecinos puedan seguir accediendo a un servicio esencial”, concluyó.
