El Gobierno suma nuevas rutas nacionales al sistema de peajes y concesiones privadas

El Gobierno nacional oficializó este viernes la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesión por peaje, en el marco de la ampliación del proyecto "Red Federal de Concesiones". La medida se formalizó a través del decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según la norma, las rutas detalladas en el anexo del decreto serán entregadas al sector privado para su construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento, a cambio del cobro de tarifas a los usuarios.

El alcance federal de las concesiones

El impacto de la medida es de alcance nacional. Las rutas incluidas en el anexo oficial atraviesan 16 provincias: Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Neuquén.

El listado oficial identifica las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además del acceso A0017.

De acuerdo con el texto oficial, el decreto no precisa la cantidad de kilómetros a concesionar ni la ubicación exacta de las futuras estaciones de peaje. Esos detalles quedarán sujetos a la delimitación específica que realice la Secretaría de Transporte sobre los tramos a licitar.

El decreto establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, será el encargado de delimitar la conformación exacta de los tramos. Para ello, deberá contar con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que a su vez será la autoridad de aplicación encargada de supervisar y controlar los contratos.

La normativa otorga un plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que el Ejecutivo convoque a la Licitación Pública Nacional e Internacional. El texto aclara que estos nuevos tramos no se superpondrán con los que ya fueron concesionados en las etapas anteriores del plan (Etapas I, II, II-B y III).

En los considerandos, el Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la conservación de la infraestructura vial y en los objetivos de la Ley de Bases (27.742), que busca avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas. La medida también se enmarca en el proceso de privatización total de la empresa estatal Corredores Viales S.A., dispuesto por decretos anteriores. La norma entra en vigencia este sábado 14 de noviembre.