El Gobierno derogó el decreto que evitaba el ingreso de extranjeros con antecedentes penales

El gobierno nacional decidió dejar sin efecto el decreto del ex presidente Mauricio Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales al país, con el fin de preservar la seguridad de los argentinos,  y también decidió poner fin a la expulsión inmediata del país para los extranjeros delincuentes.

Valiéndose de los "derechos humanos", el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.

"Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias. Todo ello, sin evidenciar mejoras ponderables en otros aspectos", dice el decreto firmado por Fernández.

"Que la Corte interamericana de derechos humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias", justifica la medida que prevenía el ingreso de ex convictos y condenados, entre otros. 

Por otro lado,  propone crear una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".