El Gobierno enviará un polémico proyecto para reemplazar la fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla por decretos, hasta conseguir otra fórmula.
Ese proyecto será enviado al Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría.
Para la política de ajuste de Milei, el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y que además no consiguió proteger el poder de compra de los haberes y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
La fórmula actual reemplazó en 2021 la que Macri había impulsado en 2017. Ninguna de las dos impidió que los haberes se retrasen frente a la inflación.
