Fue durante una sesión del Concejo de Deliberante de Tolhuin donde se reclamó que el Intendente actualice el Boletín Oficial. "Harrington no es dueño de la ciudad, es su representante, y debe rendir cuentas” reclamaron.
Tierra del Fuego27/04/2025
En la segunda Sesión Ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Tolhuin ratificó por insistencia la modificación de la ordenanza N°509/19, que actualiza el marco normativo sobre la adjudicación de tierras fiscales, y lanzó fuertes críticas al Ejecutivo municipal por la falta de transparencia en su gestión.
El cuerpo legislativo local también instó al intendente Daniel Harrington a cumplir de forma inmediata con la actualización del Boletín Oficial, que no se publica desde junio de 2022, y a remitir la documentación pendiente. Además, se exigió que toda esa información sea publicada en la página web municipal, garantizando así el acceso público.
Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ), impulsor de las reformas, se advirtió sobre el manejo discrecional del suelo urbano. “Las tierras son patrimonio de todos los tolhuinenses, no un recurso del gobierno de turno. Sin reglas claras ni procesos transparentes, el acceso a la tierra se vuelve un privilegio y no un derecho”, señalaron.
La nueva normativa elimina la figura de “vivienda de fin de semana” y establece plazos estrictos para los adjudicatarios, como cercar el predio en 60 días, presentar planos en 90, iniciar la obra en 120 y avanzar al menos un 50% del proyecto en 24 meses. Además, toda asignación de tierras para usos no residenciales deberá contar con aprobación previa del Concejo, sin importar la superficie del terreno.
“El uso arbitrario de la tierra hipoteca el futuro y niega igualdad de oportunidades”, remarcaron los ediles, exigiendo un sistema de adjudicación público, equitativo y transparente. Asimismo, recordaron que el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para cumplir con la ordenanza municipal 611/2024 y actualizar el Boletín Oficial.
La sesión también dejó fuertes cuestionamientos sobre la falta de respuesta a los pedidos de informes del Concejo. “Cada informe no contestado es un derecho vulnerado. Harrington no es dueño de la ciudad, es su representante, y debe rendir cuentas”, concluyeron.
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