La Legislatura provincial se prepara para discutir este martes el Presupuesto 2026, aunque el proyecto nunca ingresó oficialmente en sesión y, por lo tanto, carece de estado parlamentario. Aun así, el presidente de la Comisión Nº 2, Federico Sciurano, convocó a los legisladores a iniciar el debate, una decisión que reavivó las tensiones políticas y abrió un fuerte cuestionamiento sobre el respeto al reglamento interno.
La controversia no pasa solo por una cuestión formal. En la práctica, el procedimiento adoptado equivale a tratar un expediente inexistente dentro del circuito legislativo.
El proyecto elaborado por el Ejecutivo estima gastos por $2,28 billones y recursos por $2,23 billones, con un déficit proyectado de $49.192 millones. Pero el foco del conflicto no son las cifras, sino la decisión política de avanzar sin el paso previo que otorga validez institucional al debate.
De acuerdo con el reglamento, todo proyecto debe obtener estado parlamentario mediante su ingreso formal en sesión. Ese paso nunca ocurrió. Pese a ello, Sciurano instruyó la apertura del trabajo técnico en la Comisión Nº 2, que comenzará a recibir a los ministerios y organismos del Estado para exponer sus presupuestos, como si el expediente ya estuviera habilitado.
La maniobra generó malestar en distintos bloques, que la interpretan como una señal preocupante de deterioro institucional. “Si se acepta este procedimiento, mañana se podría discutir cualquier cosa sin que haya pasado por el recinto”, advirtieron desde la oposición, que considera que el caso sienta un precedente riesgoso para el funcionamiento de la Legislatura.
En el oficialismo, las diferencias quedaron a la vista. Un sector proponía aguardar la sesión y respetar los pasos formales; otro, más alineado con la conducción política, presionó para no demorar el cronograma presupuestario. Finalmente, la convocatoria de Sciurano marcó la línea de acción, aun a costa de los cuestionamientos internos.
Durante los próximos días desfilarán ante la comisión los principales ministerios, entes autárquicos y organismos —Jefatura de Gabinete, Economía, AREF, Salud, Producción, Educación, OSEF, Obras Públicas, Energía, INFUETUR, Puertos, CPS, Tribunal de Cuentas y Poder Judicial—. Todos expondrán cifras, programas y metas de gestión que, paradójicamente, pertenecen a un presupuesto que todavía no existe jurídicamente.
La discusión de este martes será, en definitiva, el inicio de un debate que ya nació bajo sospecha. Más allá de los números, la Legislatura tendrá que resolver una cuestión de fondo: si está dispuesta a sostener un procedimiento que desafía sus propias reglas, o si pondrá límites a un estilo de conducción que tensiona las bases institucionales de la provincia.
