Este martes más de diez mil personas se movilizaron en la Plaza del Congreso para expresar su repudio al veto total del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada con amplio respaldo en ambas cámaras legislativas. La protesta tuvo un fuerte carácter federal, con réplicas en al menos 19 provincias, en plazas y espacios públicos, donde organizaciones, familias, prestadores y personas con discapacidad exigieron respuestas urgentes del Estado.
La ley vetada había sido impulsada para atender la crítica situación del sector, visibilizando problemas estructurales como la falta de ingresos, pensiones demoradas, tarifas desactualizadas para prestadores y talleres protegidos que apenas sobreviven. Entre los reclamos más sentidos se encuentra el abandono estatal a miles de personas que dependen de apoyos profesionales y subsidios para garantizar una vida digna.
En solidaridad, instituciones, transportistas y profesionales suspendieron sus actividades durante la jornada en señal de protesta. “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, expresaron desde una de las organizaciones convocantes.
El Decreto 534/2025, que formaliza el veto, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Ahora, la Cámara de Diputados deberá reunir dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial sin necesidad de pasar por comisiones. La oposición trabaja contrarreloj para convocar una sesión la próxima semana, mientras el Gobierno busca sostener el veto mediante negociaciones con gobernadores y bloques aliados.
Desde los distintos sectores que integran el colectivo de la discapacidad se advirtió que la emergencia es real y urgente: “¿Cómo se sobrevive con $28.000 al mes? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?”, plantearon en la manifestación.
La jornada dejó en claro que el reclamo por los derechos de las personas con discapacidad no entiende de partidos ni de geografías: es una demanda transversal que pide ser escuchada con urgencia.
