El Gobierno Nacional promulgó este martes las leyes de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y Emergencia Pediátrica (N° 27.796), aunque dispuso postergar su entrada en vigencia hasta que el Congreso de la Nación asigne los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo estableció que la aplicación de ambas normas quedará en suspenso “hasta tanto se delimite el financiamiento necesario y se incluyan las partidas presupuestarias pertinentes”.
Las leyes habían sido ratificadas por ambas cámaras del Congreso, incluso tras el veto del presidente Javier Milei, quien había argumentado que las iniciativas generaban un impacto fiscal significativo en el marco del plan de equilibrio de las cuentas públicas.
Emergencia sanitaria pediátrica
La Ley 27.796, conocida como de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, declara la emergencia sanitaria por el plazo de un año “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.
El texto busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, fortalecer los hospitales públicos, asegurar la continuidad de las residencias médicas, y recomponer los salarios del personal de salud que atiende a la población infantil.
Además, la norma exime del pago de Ganancias a los profesionales que desempeñen funciones críticas, declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades del Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Financiamiento universitario y recomposición docente
Por su parte, la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tiene como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional”.
La iniciativa establece una actualización automática de los fondos universitarios de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, y dispone mecanismos para asegurar la continuidad del funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición del salario docente.
Ambas leyes fueron impulsadas por la oposición y aprobadas por amplia mayoría tras semanas de reclamos de universidades nacionales, sindicatos docentes y entidades médicas.
Sin embargo, el Gobierno nacional defendió su decisión de suspender la implementación hasta definir las fuentes de financiamiento, al sostener que “no se pueden aplicar normas sin respaldo presupuestario”.
