El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia penitenciaria en todo el país por un plazo de dos años, debido a la crítica situación de sobrepoblación en las cárceles federales.
La medida fue publicada mediante la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y extiende la emergencia que había sido declarada originalmente en 2019.
Según el documento oficial, actualmente el Servicio Penitenciario Federal aloja a 12.248 personas privadas de la libertad, lo que representa un funcionamiento superior al 106% de su capacidad operativa.
Desde el Ejecutivo señalaron que el sistema continúa recibiendo detenidos por orden de la Justicia Federal, la Justicia Nacional y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la infraestructura disponible resulta insuficiente para absorber la demanda.
El informe oficial detalla además que cerca del 49% de los internos alojados en cárceles federales corresponden a causas de la Justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que —según Nación— agrava el colapso del sistema penitenciario federal.
En la resolución también se menciona que desde diciembre de 2023 ingresaron más de 15 mil detenidos al sistema federal y que todavía existen más de 5 mil personas esperando cupo para ser trasladadas a unidades penitenciarias.
El Gobierno sostuvo que se avanzó en la ampliación de plazas con nuevas cárceles y módulos penitenciarios, aunque reconoció que la capacidad continúa siendo insuficiente.
Entre las obras mencionadas figuran la habilitación de la cárcel federal de Coronda y nuevos sectores en el complejo penitenciario de Senillosa, además de la continuidad de obras en Mercedes y Marcos Paz.
La resolución remarca además la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica como alternativa al encarcelamiento tradicional. Actualmente más de 1.500 personas cumplen arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
