Milei autorizó un endeudamiento de hasta US$ 5.000 millones con jurisdicción en Nueva York

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 478/2026 mediante el cual autorizó al Estado nacional a gestionar operaciones de financiamiento por hasta 5.000 millones de dólares con entidades financieras internacionales, en una estrategia orientada a reducir el costo del endeudamiento y fortalecer las cuentas públicas.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, faculta al Ministerio de Economía a concretar préstamos en dólares que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito y que podrán incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Según argumentó el Gobierno nacional, la iniciativa busca acceder a financiamiento en mejores condiciones y aprovechar mecanismos utilizados habitualmente en los mercados internacionales de capitales.

De acuerdo con el texto oficial, las operaciones podrán realizarse con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria y contarán con el respaldo de organismos multilaterales, lo que permitiría obtener tasas más competitivas para el Tesoro Nacional.

La autorización se encuentra contemplada dentro de las previsiones incluidas en la Ley de Presupuesto 2026 y será ejecutada por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, organismos responsables de la coordinación de los sistemas de administración financiera del Estado.

Además, el decreto habilita la contratación de bancos colocadores, agentes financieros, calificadoras de riesgo y demás instituciones necesarias para estructurar las operaciones.

Prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales ubicados en Nueva York ante eventuales controversias derivadas de los contratos de financiamiento.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que esta disposición no implica una renuncia a la inmunidad soberana sobre bienes estratégicos de la República Argentina.

En ese sentido, el decreto establece expresamente que quedan excluidos de cualquier posibilidad de ejecución judicial:

• Las reservas y bienes del Banco Central.
• Los bienes del dominio público nacional.
• La infraestructura vinculada a servicios públicos esenciales.
• Los bienes diplomáticos y consulares argentinos.
• Los activos militares y de defensa.
• Los bienes integrantes del patrimonio cultural nacional.
• Los recursos fiscales y regalías del Estado.

Con la entrada en vigencia del decreto, el Ministerio de Economía quedó habilitado para avanzar en la negociación de los préstamos, definir plazos, tasas de interés, monedas, mecanismos de colocación y entidades participantes.

El Gobierno no informó aún qué organismos multilaterales participarán de las garantías ni cuándo podrían concretarse las primeras operaciones, aunque la autorización contempla un monto máximo acumulado de US$ 5.000 millones.