La Justicia Federal de Río Grande admitió al Municipio como parte interesada en la causa ambiental y soberana tramitada contra las firmas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, involucradas en la explotación ilegítima de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La jueza federal Mariel Borruto aceptó formalmente la incorporación del gobierno local, lo que faculta a la administración municipal a intervenir en el expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
"Río Grande ya es parte de la causa federal contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero León Marino en el Atlántico Sur", comunicó el intendente Martín Perez a través de sus canales oficiales.
La acción judicial fue iniciada como una medida preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva, orientada a evaluar y frenar los potenciales impactos de la actividad extractiva británica e israelí sobre los recursos naturales, la biodiversidad marina y los espacios marítimos continentales.
La presentación formal fue efectuada por la Asesoría Letrada del Municipio bajo los lineamientos de la Carta Orgánica local, invocando las facultades en materia de protección ecológica, gestión ambiental y la condición estratégica de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica.
Con esta resolución, el Ejecutivo local podrá aportar elementos técnicos al expediente en defensa de los recursos naturales del archipiélago y los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.
