Luego de la aprobación de la solicitud de la empresa Equinor, publicada hoy en el Boletín Oficial, para realizar exploración sísmica en sus bloques CAN 100, 108 y 114 de la cuenca Argentina Norte frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, Greenpeace expresó su rechazo a la aprobación de la solicitud, a lo igual que las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
“El Ministerio de Ambiente perdió la oportunidad de velar por un ambiente sano al abrirle la puerta a la industria petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, lo que será una verdadera condena para el mar, sus ecosistemas y las comunidades que de estos dependen. Resistiremos por todas las vías necesarias, exigiendo que estos proyectos se rechacen y continuaremos exponiendo públicamente los peligros que implican”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Según la organización, Argentina decide avanzar, y en contra del reclamo de los ciudadanos, con una industria extractiva en una zona dónde hoy no existe actividad hidrocarburífera, y en un contexto de crisis climática y ecológica, cuyos sus efectos se evidencian actualmente en 11 provincias del país gravemente afectadas por el fuego y en olas de calor extremas. “No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras”, agregó Vueso.
A su vez, desde Greenpeace cuestionaron el modo en que se dio esta aprobación. “Luego de meses de silencio, en los que hubo un constante rechazo de la población, justamente aprueban las solicitudes de Equinor en épocas de fiestas, vacaciones y ferias judiciales”, sumó la vocera.
Por su parte, desde el Foro manifestaron que durante la Audiencia Pública N°1/21 realizada el pasado mes de julio, cuyo objeto fue considerar la documentación de la evaluación de impacto ambiental, más del 90% de las voces que se presentaron en los tres días de audiencia se manifestaron en contra del proyecto. Científicos, investigadores, técnicos de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector pesquero destacaron los impactos negativos que la actividad puede generar sobre la vida marina, sobre otras actividades socioeconómicas como el turismo y la pesca no solo en Argentina sino a nivel regional.
"Desde el Foro expusimos en esa audiencia nuestra preocupación y solicitamos la realización de una evaluación ambiental estratégica antes de autorizar la actividad, lo cual no fue contemplado en este proceso ni en el informe presentado por la empresa", indicaron.
"El Estado argentino tiene la responsabilidad de hacer cumplir el derecho constitucional a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. En ese sentido, y a la luz de la crisis ecológica y climática reinante, tiene el deber de considerar la habilitación de actividades productivas a partir del análisis de los impactos ecosistémicos en forma integral, bajo el principio de precaución que la Ley General del Ambiente N° 25.675 impone. De la misma manera, debe honrar los compromisos internacionales a los que el país suscribe, tales como los del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Metas de Aichi que promueven la creación de áreas marinas protegidas; el Acuerdo de París de la Convención sobre Cambio Climático que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar el aumento de 1,5 ºC; y el Acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso en asuntos ambientales. En razón de este último, deben incluirse los anexos correspondientes en la Resolución Nº 436/2021 para conocer la totalidad de sus implicancias ya que hace a la debida información ambiental", explicaron.
Además, señalaron que "los impactos negativos de la actividad autorizada trascenderán los límites espaciales y temporales de las concesiones otorgadas. En ese sentido, solicitamos a la autoridad competente que suspenda precautoriamente la iniciación del proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)” hasta la realización de una evaluación ambiental estratégica y el cumplimiento estricto de todas las previsiones de la legislación ambiental nacional e internacional plenamente vigente".
