Comisión Nacional de Alimentos aprobó una regulación sobre grasas trans

En la 146° reunión de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), desarrollada el 24 y 25 de agosto del 2022, se aprobó la propuesta de actualización del artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA) para reducir los límites de contenido de grasas trans en los productos alimenticios y la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados. 

En septiembre de 2021, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Consumidores Argentinos y la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), se presentó una propuesta a la CONAL para mejorar los estándares de grasas trans de producción industrial. A la vez, el Ministerio de Salud de la Nación presentó su propuesta en línea con las organizaciones mencionadas. 

Luego de un arduo seguimiento y trabajo conjunto, se logró que la CONAL incluya en su agenda el tratamiento de la propuesta, llegando a la instancia de Consulta Pública, con un gran apoyo de la comunidad y de las Sociedades Científicas. El proceso fue postergado en algunas etapas, llegando finalmente a su aprobación, con adecuación de los plazos, aunque sin otras modificaciones de la propuesta original. La propuesta aprobada otorga un plazo de dos años para adecuación de los alimentos al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans, tres años para la adecuación de los ingredientes y materias primas al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans y cuatro años para la eliminación del uso de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas en la industria alimentaria.

La nueva regulación se adecuará a los lineamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos están diseñados para promover la reducción y eliminación mundial de Grasas Trans de producción industrial en el suministro de alimentos, dada la evidencia contundente sobre sus efectos negativos en la salud cardiovascular de la población, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV). 

A partir de este gran paso en defensa del derecho a la salud, desde la Sociedad Civil le solicitaron al Poder Ejecutivo "la pronta publicación de la resolución en el Boletín Oficial para efectivizar la política".