La organización guerrilla, que firmó un tratado de paz este 2017 en Colombia y bajo el gobierno de Santos, mantiene la vista en las elecciones presidenciales del 2018.
La intención de las FARC de involucrarse en la política no ha caído nada bien en Colombia dado que para las fechas de elecciones, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que investigará, juzgará y sancionará los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, no estará lista, señala el sitio El Colombiano.
En ese sentido, la organización se ve involucrada en el 31% de los asesinatos de líderes comunitarios. Los líderes guerrilleros deben responder ante la justicia, pero también podar ejercer cargos públicos incluso si son condenados por delitos graves.
El analista Ariel Ávila, señaló a la cadena Euronews que “si un guerrillero es congresista y un año después, en el 2019, sale su sanción, él va a poder seguir haciendo política, siempre y cuando diga la verdad, pida perdón, repare y dé garantías de no repetición”.
“Colombia tiene un gran problema. Y es que a nosotros se nos viene una disputa muy grande por la tierra, la verdad y la política. Y hay gente en las regiones, élites regionales, que se beneficiaron de este conflicto, y que están dispuestos a matar al que sea para que ese statu quo no cambie. Por eso hay gente que no quiere el proceso de paz”, añadió.
Por otro lado, desde el 23 de abril de este años 23 exguerrilleros y familiares de antiguos combatientes han sido asesinados. Las FARC piden protección.
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