El Parlamento de Kenia aprobó hoy el despliegue de 1.000 policías en Haití que encabezarán una misión con apoyo de la ONU para restaurar la paz y la seguridad y hacer frente a la violencia de las pandillas en el país del Caribe.
Sin embargo, cualquier despliegue está suspendido hasta que el tribunal superior de Nairobi examine un recurso presentado por un opositor que alega que la misión es inconstitucional.
Haití se encuentra sumido en la violencia. La nación más pobre del hemisferio occidental enfrenta una severa crisis de seguridad por las pandillas armadas que se dividen el país y desataron una violencia brutal, que incluye crímenes y secuestros habituales.
Las bandas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, y el número de crímenes graves alcanzó récords, según la representante de la ONU en el país.
También la economía y los servicios de salud haitianos están en crisis.
Frente a este escenario, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió, a principios de octubre, instalar una nueva misión internacional de seguridad para atender la crítica situación generada por el accionar de las pandillas, esta vez encabezada por Kenia.
La medida fue recibida por el Gobierno local como "un rayo de esperanza".
Desde el año pasado, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el secretario general de la ONU, António Guterres, venían reclamando una asistencia de este tipo para atender la situación de inseguridad, una cuestión que pareció destrabarse cuando Kenia ofreció dirigir una fuerza de seguridad y enviar 1.000 efectivos.
El objetivo inicial de esta misión será "proporcionar apoyo operativo a la policía haitiana" en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, "mejorar las condiciones de seguridad en Haití" y permitir la organización de elecciones, informó la agencia de noticias AFP.
