El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, reveló hoy los procedimientos administrativos y legales que se hicieron desde su administración cuando la empresa LeoLabs, estaba construyendo la base para el radar inglés, el cual generó una enorme polémica en todo el país por sus dudosas funciones y que luego derivaron entre una serie de acusaciones entre funcionarios kirchneristas de Provincia y el anterior gobierno nacional. Ahora, Tolhuin inició formalmente un juicio de ejecución fiscal con el objetivo de exigir el desarme del radar inglés y el pago de la multa correspondiente, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°392/14 contra la firma de capitales británicos.
En declaraciones a Radio Provincia, Harrington reconoció que desde el Municipio no se logró detectar la obra en sus primeras etapas. “Cuando empezó la construcción del radar, no lo pudimos detectar. Luego, personal de Obras Particulares realizó una inspección y constató que no había ninguna declaración registrada sobre esa obra. Se procedió a notificar a la empresa, pero los trabajos continuaron”, relató.
Según indicó el jefe comunal, se clausuró la obra, se labraron actas de constatación y se aplicaron multas, incluyendo la exigencia de desarme del avance constructivo. No obstante, la empresa hizo caso omiso a todas las medidas municipales. Incluso presentaron un recurso administrativo que fue rechazado, y a partir de allí el Municipio resolvió iniciar el juicio de ejecución fiscal.
Harrington remarcó que el accionar de su gestión “no se basa en discursos vacíos ni en videos para redes sociales”, sino en la responsabilidad institucional. “El juicio de ejecución fiscal persigue lo que nuestra normativa establece: el pago de la multa y el desarme del radar. Es un camino serio, basado en las facultades que tiene este Municipio”, afirmó.
También expresó su preocupación por el uso político que se ha hecho del tema, sin reconocer el trabajo técnico y legal que se viene realizando desde las distintas áreas del Municipio. “Este es un tema que tiene que ver con la soberanía, y muchas veces se hacen declaraciones que desvían la atención o desconocen el esfuerzo serio que hacemos desde Tolhuin. Me parece que también hay que ponerle palabras claras cuando estas cosas pasan”, sostuvo.
Información directa a los veteranos y colaboración institucional
Harrington señaló que, tras formalizar la presentación judicial, se informó primero a los centros de excombatientes, en reconocimiento a su compromiso con la defensa de la soberanía. “Ellos ya estaban en conocimiento de algunas acciones previas, y fueron los primeros en ser informados oficialmente de este paso”, aseguró.
Asimismo, informó que se comunicaron con autoridades como el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego,Andrés Dachari, y contaron con el acompañamiento técnico de Martín Pérez, intendente de Río Grande. “Fue un trabajo liderado por la Secretaría Legal del Municipio, en manos del Dr. Solís, que ha tenido que asumir esta y otras batallas legales complejas”, dijo.
Pese a las declaraciones y argumentos que dé el Intendente, lo cierto que hasta el momento la Justicia no avanzó en nada y tampoco hubo responsables de la instalación del radar tanto de la Provincia, del gobierno de Alberto Fernández o funcionarios municipales. La deuda de Justicia recae en cada 2 de Abril contra las autoridades por permitir una violación de la soberanía de tal magnitud.
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