Tierra del Fuego amaneció hoy paralizada por un paro provincial impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) local, en rechazo a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles de importación e impuestos internos para celulares, consolas de videojuegos y otros productos electrónicos. La medida afecta a distintos sectores de la vida cotidiana fueguina, con fuertes repercusiones en el transporte público, la educación, el comercio y los servicios esenciales.
El decreto 333/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece una baja gradual de los aranceles a celulares importados —del 16% al 8% desde hoy, con eliminación total prevista para enero de 2026—, así como una rebaja de impuestos internos. Los productos fabricados en la provincia también se verán beneficiados, ya que pasarán a tributar 0% en lugar del 9,5%.
Sin embargo, la medida fue rechazada por la CGT Tierra del Fuego, que agrupa a gremios como la UOM, ATE y Camioneros, por considerar que la iniciativa pone en riesgo el empleo industrial en la isla, especialmente en las plantas de ensamblaje de Río Grande.
Sectores paralizados
En Río Grande, no circulan colectivos y no hay recolección de residuos, mientras que en Ushuaia, el transporte público funciona con frecuencia reducida. Además, las escuelas públicas no dictan clases y varios supermercados, comercios y sucursales de correo permanecen cerrados por adhesión a la protesta.
El paro cuenta con el apoyo de los principales sindicatos peronistas, pero también con el respaldo político del gobernador Gustavo Melella y los intendentes de las principales ciudades fueguinas, quienes expresaron su preocupación por el impacto de la medida sobre la matriz productiva de la provincia.
Una medida “para bajar precios”, según Nación
Desde el Gobierno nacional, justificaron la decisión al señalar que “mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios y facilitará el acceso de los consumidores a la tecnología, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo”.
El nuevo esquema regirá hasta el 31 de diciembre de 2038 y busca, según el oficialismo, estimular la competencia y reducir el costo de vida.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego la tensión crece entre los sectores productivos y la administración nacional, en una provincia históricamente protegida por un régimen de promoción industrial que ahora se siente amenazado por la liberalización de importaciones.
