El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó con dureza la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y confirmó que la Provincia presentó una acción judicial ante el Juzgado Federal, al considerar la medida “inconstitucional, ilegítima y violatoria de la autonomía provincial”.
El mandatario calificó el accionar del organismo nacional como “una intervención encubierta” y denunció una “gravedad institucional muy fuerte”. “Los argumentos esgrimidos por la ANPyN son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos, no hay desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte en el puerto y está auditado”, sostuvo.
La resolución de la ANPyN se fundamentó en supuestas irregularidades vinculadas a la Ley Provincial 1596 —de fortalecimiento de la obra social OSEF— y en una presunta desinversión que pondría en riesgo la operatividad portuaria. Al respecto, Melella fue categórico: “Esa ley fue votada por unanimidad por los 15 legisladores, incluso por los de La Libertad Avanza. Ni un solo peso del puerto se tocó para ese fin”.
En ese sentido, cuestionó que no se haya impulsado una denuncia penal si existía la presunción de un delito. “Si realmente creían que había una irregularidad, debían recurrir a la Justicia. En lugar de eso, optaron por este atropello”, remarcó.
El Gobernador también enumeró una serie de irregularidades en el procedimiento, entre ellas una notificación realizada vía WhatsApp, la orden de derivar fondos portuarios a una cuenta de la ya disuelta Administración General de Puertos (AGP) y el contacto directo de la ANPyN con empresas para redireccionar pagos. “Es un mamarracho. Lo único que genera es sospecha sobre sus verdaderas intenciones”, afirmó.
Melella planteó además dos hipótesis detrás de la decisión nacional. Por un lado, un posible trasfondo geopolítico: “Puede haber una cuestión de entrega de soberanía. La llegada de un avión oficial norteamericano con una delegación que no notificó su visita alimenta ese manto de sospecha. Nada que venga de una superpotencia ocurre porque sí”.
Por otro, advirtió sobre intereses económicos privados: “Conocemos al responsable de esta agencia y sus vínculos con empresarios y políticos locales que históricamente quisieron quedarse con el puerto como si fuera un botín. Esto podría ser el paso previo a una privatización encubierta”.
Finalmente, el mandatario alertó sobre el precedente institucional que implica la medida. “Hoy lo hacen con el puerto; mañana pueden hacerlo con cualquier otra institución o con cualquier provincia. Se desconocen autoridades electas por el pueblo y al propio Poder Judicial”, sostuvo.
La demanda fue presentada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y solicita la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la ANPyN, el cese inmediato de la intervención y una medida cautelar para frenar el “daño irreparable” que representa la sustracción diaria de recursos provinciales. “Confiamos en que la Justicia Federal actuará con celeridad. Los fundamentos no existen y el procedimiento viola todas las normas”, concluyó Melella.
