Representantes de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) se reunieron este martes con autoridades de la Municipalidad de Ushuaia, luego de arribar a Tierra del Fuego para presentar una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion).
El encuentro se realizó en la Sala de Situación del Ejecutivo municipal y contó con la participación del secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili; y el VGM Daniel Guzmán.
La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), además de otras personas y entidades que pudieran resultar responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación del proyecto y sus eventuales ampliaciones.
Según los fundamentos de la presentación, el objetivo es prevenir posibles daños ambientales asociados al desarrollo hidrocarburífero y, al mismo tiempo, resguardar los derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos y la plataforma continental correspondientes a las Islas Malvinas y sus áreas adyacentes.
Durante la reunión, los representantes de las instituciones expusieron los fundamentos de la acción judicial y analizaron junto a las autoridades municipales la dimensión ambiental y soberana vinculada con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Por AAdeAA participaron su presidente, Enrique Viale, y su director ejecutivo, Lucas Micheoud, ambos especialistas en Derecho Ambiental. En representación del CECIM La Plata asistió el abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico de la institución.
La presentación judicial advierte sobre potenciales impactos ambientales vinculados con el proyecto “León Marino” y solicita la adopción de medidas preventivas para evitar el inicio o la continuidad de trabajos relacionados con el emprendimiento hasta determinar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y legales correspondientes.
