El intendente de Río Grande, Martín Perez, destacó la medida cautelar dictada por la Justicia Federal que ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados al proyecto petrolero Sea Lion, denominado “León Marino”, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
A través de sus redes sociales, Perez valoró la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y reivindicó la participación del Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
“Es una decisión importante”, sostuvo el intendente, quien consideró que la resolución judicial refuerza el planteo sobre la aplicación de la legislación argentina y la intervención de las autoridades nacionales frente a actividades hidrocarburíferas en el área involucrada.
“Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así”, afirmó el jefe comunal.
La medida fue dictada en el marco de una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano. El proyecto Sea Lion contempla el desarrollo de un yacimiento offshore ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La resolución alcanza a Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La cautelar establece un freno a los actos materiales necesarios para avanzar con el emprendimiento mientras continúa el proceso judicial. Entre otros aspectos, la jueza dispuso que las empresas informen el estado del proyecto, su cronograma, pozos, infraestructura, contratistas, financiamiento y documentación ambiental.
La decisión, sin embargo, no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa. La propia resolución establece su carácter provisional y prevé una nueva evaluación de la medida a partir de la información que aporten las partes y los organismos nacionales involucrados.
El intendente también destacó el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, organizaciones que promovieron la acción judicial, y anticipó que el Municipio continuará participando del proceso. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario”, sostuvo.
