La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, según dio a conocer hoy el medio Infobae.
La decisión fue adoptada este miércoles por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La resolución dispone suspender los actos materiales destinados al avance del proyecto, incluyendo perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos, hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el propio juzgado disponga posteriormente otra medida.
El fallo se fundamentó, entre otros aspectos, en la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado ante las autoridades argentinas y en la aplicación del principio precautorio. La magistrada también consideró la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas como parte del interés federal involucrado en la causa.
El proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, contempla el desarrollo de un yacimiento offshore en la Cuenca Norte de las Malvinas. Según los antecedentes incorporados al expediente, las empresas habían avanzado en la planificación del emprendimiento y adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión.
La cautelar tiene carácter provisional. La jueza intimó a las compañías a presentar información sobre el estado actual del proyecto, su cronograma, pozos, contratistas, estructura societaria, fuentes de financiamiento, aseguradoras y documentación ambiental, entre otros elementos.
En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py dio impulso a una investigación penal contra Desire Petroleum Limited, a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli.
La causa busca reunir información sobre esa empresa y sobre el grupo Rockhopper y se originó en una denuncia presentada por la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, con asistencia de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio.
Se trata de procesos diferentes. Mientras la causa tramitada en Río Grande tiene carácter preventivo, ambiental y civil, la investigación de Comodoro Py apunta a determinar si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a las Malvinas sin autorización argentina.
La decisión de la Justicia Federal de Río Grande se conoce además en un contexto de creciente disputa entre Argentina, las empresas involucradas y el Reino Unido por el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos alrededor de las Islas Malvinas. En los últimos días, el Gobierno argentino anunció nuevas acciones legales y medidas para intentar frenar la actividad petrolera que considera ilegítima.
